Desalojo del ocupante del chalé que impedía el PERI-11 en Gijón tras cuatro años de bloqueo
GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – Avintia Inmobiliaria ha confirmado este jueves que, tras más de cuatro años de procesos legales, se ha procedido al desahucio del ocupante «ilegal» del chalé situado en la zona conocida como el Rick’s, lo que ha impedido la construcción de un medio centenar de viviendas correspondientes a la fase II de su proyecto San Lorenzo 20, a diferencia de la primera fase, que ya ha sido terminada y actualmente se encuentra en proceso de escrituración por sus futuros propietarios.
Según una nota de prensa de la inmobiliaria, el origen de esta situación se remonta a noviembre de 2020, cuando se formalizó en escritura pública la constitución de la Junta de Compensación del ámbito AUA-PERI 11A, entidad integrada por distintos propietarios de suelo, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón, con un 20 por ciento de participación, así como de los propietarios del chalé objeto del conflicto, quienes suscribieron voluntariamente dicha constitución ante notario.
Las obras de urbanización comenzaron en abril de 2021, con un plazo estimado de ejecución de siete meses. Sin embargo, el desarrollo se vio condicionado por la falta de entrega de la vivienda por parte de sus propietarios, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados tanto por la Junta de Compensación como por el propio Ayuntamiento de Gijón, que llegó a advertir sobre la imposición de multas coercitivas.
El Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente en marzo de 2022, contemplando la valoración de las edificaciones preexistentes incompatibles con el desarrollo urbanístico. Entre ellas se encontraba la vivienda del chalé, junto con otras cinco construcciones, todas ellas valoradas conforme a la legislación vigente, tasadas y pagadas a sus clientes sin oposición por parte de ninguno de ellos.
Tras comunicar los legítimos propietarios del chalé su salida de la vivienda y facilitar una cuenta bancaria para el abono de la cantidad correspondiente a la valoración de la preexistencia, descontados los gastos de urbanización, el 12 de diciembre de 2022 se procedió al pago de 127.820,59 euros mediante transferencia bancaria.
No obstante, la vivienda continuó ocupada por un tercero, hijo de los propietarios, quien se ha negado «obstinadamente» a abandonarla durante estos cuatro años, lo que ha impedido la disposición efectiva del inmueble.
Ante esta circunstancia, y después de diversos intentos de solución amistosa, se interpuso una demanda de desahucio que obtuvo sentencia favorable en todas las instancias para los intereses de la Junta de Compensación y de Avintia Inmobiliaria, fijándose la fecha de lanzamiento en este día.
Este lanzamiento se produce, según la inmobiliaria, «tras cuatro años de conflictos judiciales, todos perdidos por parte del ahora desahuciado, y más de cinco desde el inicio de los trámites burocráticos para el arranque de las obras».
Desde la inmobiliaria aseguran que, pese a lo que comenta el ocupante «ilegal», las indemnizaciones están pagadas y no ha presentado ningún recurso ante el Tribunal Supremo. Además, han remarcado que no cabe ningún tipo de recurso contra esta resolución del juzgado.
