Villares y Jueces para la Democracia impugnan la resolución del TSXG que lo excluye de la sección
El magistrado Luis Villares y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia han presentado recursos de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto ocurre en respuesta al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, que decidió el traslado forzado del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, quien ha paralizado numerosos proyectos eólicos en los últimos tiempos, hacia la sección cuarta.
Según un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ya se han presentado ambos recursos. En un comunicado, la asociación detalla que ha planteado el recurso de alzada para cuestionar los traslados forzosos de cuatro magistrados del TSXG, incluyendo a Villares.
La asociación sostiene que estas decisiones «adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial». Además, afirman que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha llevado a cabo «sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados», entre los que se encuentra Luis Villares, quien es miembro de la entidad.
El TSXG decidió el traslado forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luis Villares y María Dolores López López, mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.
Sin «Motivos Claros» ni «Criterios Objetivos»
La asociación argumenta que esta decisión se realizó con «una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla», e incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites que, según Juezas y Jueces para la Democracia, «no se atienden en el presente caso». Se citan como precedentes las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 6 de marzo de 2025, que resaltan la necesidad de «motivos claros y criterios objetivos», que consideran que en este caso no están presentes.
Para la asociación, la falta de estos criterios objetivos y motivos claros «pone en tela de juicio la propia medida», en un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales. Aseguran que «la quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal», una situación que la asociación no puede ignorar.
Juezas y Jueces para la Democracia también ha solicitado al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos. Recuerdan que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes puede ser motivo de nulidad de las resoluciones, según la jurisprudencia del TEDH.
Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada, en base a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para «actuar en defensa de la independencia judicial». Manifiestan su confianza en las instituciones y esperan que el sistema de garantías de un Estado de Derecho «robusto» evite lo que consideran un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.
La semana pasada, el magistrado Luis Villares asistió en Santiago de Compostela a un homenaje vecinal en apoyo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
