Tengo claro lo que haría para preservar el prestigio de las instituciones públicas
SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que la Demarcación de Costas depende «directamente» del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y que no está integrada en la estructura de la Delegación. Sin embargo, ha afirmado que, de haber tenido la autoridad para apartar a los tres funcionarios investigados por la tragedia de El Bocal, «tengo claro lo que haría para mantener el nombre de las instituciones públicas y para poder defenderme con la mayor garantía posible».
Casares se pronunció así en respuesta a preguntas de los periodistas tras que la jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, donde fallecieron seis estudiantes y otra joven resultó herida en marzo, ampliara la acción penal contra otro funcionario de la Demarcación de Costas, sumando un total de tres personas investigadas, a quienes se les imputan la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave.
Respecto a las garantías de que los funcionarios tomaran decisiones ajustadas al rigor técnico, el delegado detalló que «para eso están todos los mecanismos de la Administración General del Estado» y que, «en última instancia», la Dirección General de la Costa y el Mar supervisa «todas las actuaciones en el territorio».
Asimismo, destacó que «hay un Estado, una administración y excelentes profesionales en toda la cadena, en España y en Cantabria, haciendo ese trabajo continuamente». Insistió en que, si tuviera la responsabilidad sobre Costas, «la máxima» que lo motivaría sería «defender el trabajo de las administraciones públicas».
El responsable del Gobierno también expresó que el Ejecutivo central (PSOE-Sumar) trabajará «en defensa del interés general, para que se sepa toda la verdad y se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria». Preciso que la Abogacía del Estado no lleva los casos de los tres funcionarios involucrados.
Además, defendió que el Gobierno respeta «escrupulosamente» el procedimiento judicial en curso, ofreciendo su «máxima» colaboración. En este contexto, el secretario general del PSOE de Cantabria enfatizó en que «lo más importante es que se depuren todas las responsabilidades técnicas y políticas de lo que ha pasado, con el único fin de que algo así no vuelva a producirse en Cantabria».
Responsabilidad del PP
En relación con el incidente, Casares aseguró que «no hubo ningún control inicial» sobre las obras ni el proyecto, y que «tienen responsabilidades técnicos, pero también políticos». Concretamente, afirmó que «los que encargaron, diseñaron y recibieron aquel proyecto son administraciones políticas gobernadas por el Partido Popular», subrayando que ha habido «una falta evidente de mantenimiento» de las infraestructuras en Santander. En ese sentido, añadió que, «en última instancia», la seguridad de estas, «como reconocía la jueza, depende del Ayuntamiento (PP)».
Por el contrario, recalcó que «si hubiera dependido del Partido Socialista, el proyecto de la senda costera nunca se hubiera hecho en Santander». Estas declaraciones se produjeron tras una reunión mantenida con la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cantabria.
