Los acusados de la trama de narcolanchas, «perfectamente conocedores» de que era «género
VIGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – Este lunes han comenzado las declaraciones en el juicio contra una trama acusada de construir y trasladar ‘narcolanchas’ desde Vigo y el Norte de Portugal a diferentes puntos de España. Los 11 acusados eran «perfectamente conocedores» de que se trataba de «género prohibido», según ha manifestado un agente de la Guardia Civil que ha testificado en la causa.
Durante la primera jornada de declaraciones en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el agente que ha conducido la investigación señaló que en la cúpula de esta organización se encuentran dos hombres afincados en Cataluña, Ramón S.V. y Sergio R.T.
En el banquillo se encuentran 11 personas, además de una empresa, acusadas de supuestamente construir embarcaciones rápidas en naves de Vigo y el norte de Portugal, destinadas al narcotráfico. Estas embarcaciones eran posteriormente trasladadas para completar sus pertrechos y preparativos en diferentes puntos de España. Los investigadores han rastreado casi una veintena de estas lanchas, algunas de las cuales fueron intervenidas en operativos policiales contra el tráfico de hachís en el sur de la Península.
El instructor de las diligencias ha declarado que los procesados eran conscientes de que estaban involucrados en la construcción y venta de embarcaciones consideradas prohibidas, destinadas al transporte de estupefacientes. A modo de prueba, mencionó que «sabían que no podía transportarlas cualquier camionero».
El testigo también mencionó que la organización implementaba medidas de seguridad para evitar la vigilancia policial, incluyendo el almacenamiento prolongado de las lanchas en las instalaciones de empresas de transporte colaboradoras.
Investigación y organización de la trama
La investigación comenzó en enero de 2021, al detectar la construcción de lanchas rápidas en una nave de Vigo. Las vigilancias implementadas confirmaron las sospechas, lo que llevó a acciones como el balizamiento de embarcaciones e intervenciones telefónicas a los implicados.
El testigo relató que la trama operaba como una organización, con Ramón S.V. y Sergio R.T. al mando, dirigiendo la construcción y el transporte de las lanchas, así como manteniendo contacto con los destinatarios de las embarcaciones. Además, existía una relación fluida con la parte portuguesa de la trama, que ofrecía instalaciones para la finalización y, en ocasiones, motorización de las embarcaciones.
En otro nivel, otros dos acusados, Javier Marcial T.V. y Manuel L.S., estaban físicamente presentes en las naves dedicadas a la construcción y acondicionamiento de las lanchas, mientras que el resto de los acusados cumplían funciones como transportistas y gestores de las naves.
Cuestionamiento del balizamiento
Los abogados defensores han cuestionado la medida de balizamiento de las supuestas ‘narcolanchas’, sostenido que la Guardia Civil solicitó autorización para seguir embarcaciones que en realidad eran «cascos» de lanchas no motorizadas. Cuestionado sobre esto, el instructor de la investigación reafirmó que una embarcación puede ser considerada «género prohibido» en cualquier etapa de su fabricación.
Se afirmó que las lanchas en cuestión cumplían con los criterios que las convertían en ilegales, citando características específicas como su eslora y la disposición del potro central. «El uso de ese tipo de embarcaciones, con esta estructura, no es otro que el tráfico de drogas», aseguró el testigo, quien también admitió que sin balizamiento habría sido «imposible» seguir los movimientos´de las embarcaciones sospechosas.
Delitos y penas solicitadas
La Fiscalía sostiene que los 11 acusados, junto a una empresa de transportes de O Porriño, formaron una estructura «empresarial, personal y material», dedicada desde septiembre de 2020 hasta junio de 2022 a la construcción de lanchas semirrígidas de alta velocidad, consideradas género prohibido y con fines para operaciones de narcotráfico.
Se les imputa delitos de contrabando de embarcaciones ilegales, a través de personas, entidades y organizaciones. Además, uno de los encausados enfrenta cargos por tenencia ilícita de armas, tras ser encontrado en su domicilio con casi 300 gramos de hachís y una pistola detonadora semiautomática en su oficina de la empresa de transportes.
La investigación reveló que al menos 19 ‘narcolanchas’ fueron construidas, algunas de las cuales habían sido utilizadas en alijos de hachís. Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre 2 y 9 años de prisión y multas que suman más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada, se pide una multa de 14 millones de euros, además de dos años de prohibición para recibir ayudas o subvenciones públicas y un año y tres meses de suspensión de actividades relacionadas con la importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.
