El Govern centrará su atención en suelos degradados y zonas industriales para instalar paneles
El Govern de las Islas Baleares ha actualizado recientemente los criterios técnicos y ambientales para la elaboración de estudios de impacto ambiental en proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS). Esta actualización incluye la priorización de la ubicación en zonas ya transformadas o de bajo valor ambiental, tales como suelos degradados o áreas industrializadas.
Objetivos y Directrices
El objetivo principal de esta medida es garantizar un despliegue «ordenado, seguro y ambientalmente responsable» de las energías renovables. Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, se buscará fomentar soluciones que sean compatibles con otros usos del suelo, destacando la ‘agrovoltaica’, que permite mantener la actividad agraria simultáneamente a la producción energética.
Medidas de Protección
Se han establecido distancias de protección respecto a núcleos de población, viviendas aisladas, masas forestales y espacios naturales. Esto tiene como finalidad preservar la calidad de vida, el paisaje, los valores ambientales y minimizar impactos o molestias acústicas. «Los criterios refuerzan también la protección de los hábitats de interés comunitario, las masas forestales y los corredores ecológicos tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000», han afirmado desde el Consell.
Exigencias para Baterías
En lo que respecta a las instalaciones de baterías, se han incorporado exigencias específicas de seguridad. Se recomienda su emplazamiento preferente en áreas industrializadas o integradas en instalaciones fotovoltaicas existentes, estableciendo distancias adecuadas para minimizar riesgos. Se impulsará así la aplicación de las mejores técnicas disponibles, junto con la realización de análisis de riesgos y planes de protección.
Marco Técnico y Legal
La aprobación de estos criterios proporciona un marco técnico claro y homogéneo para promotores, administraciones y ciudadanía. Esto facilitará la tramitación de los proyectos y reforzará la seguridad jurídica, al tiempo que se garantiza un nivel de exigencia ambiental. Con esta iniciativa, el Govern busca reforzar el papel de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental como garante de una evaluación basada en criterios técnicos y ambientales, asegurando decisiones fundamentadas en el análisis objetivo y conforme a la normativa vigente.
