Bruselas permitirá a los países cubrir el 70% del sobrecoste energético en los sectores más

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la UE compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo. Las medidas incluyen subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte y la pesca.

Este instrumento, conocido como Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Su objetivo es proporcionar una respuesta inmediata al aumento de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según la Comisión, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.

«El impacto en nuestros ciudadanos y empresas exige respuestas inmediatas, que deben ser proporcionadas y proactivas», ha defendido en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien ha subrayado que el marco permite apoyar a las empresas más afectadas «preservando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único».

Las medidas están especialmente orientadas a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola, afectada por el encarecimiento de los fertilizantes, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca. La Comisión advierte que el aumento de los gastos operativos podría comprometer directamente la continuidad de estas actividades.

A diferencia de otros sectores, la aviación no se incluye en este régimen, dado que su impacto no es comparable con el de las actividades mencionadas, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo. Además, Bruselas considera que este sector dispone ya de instrumentos específicos para hacer frente a posibles disrupciones, como la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en rutas esenciales.

En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte del aumento de precios registrado desde el inicio de la crisis, calculado en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, limitadas a un porcentaje del consumo de cada empresa.

Bruselas introduce también una opción simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y el tipo de actividad de las empresas, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector, en lugar de exigir pruebas detalladas de consumo real, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.

A partir de esa cantidad, la Comisión exigirá que las ayudas se justifiquen sobre la base de los costes efectivamente soportados, para acreditar el aumento registrado y garantizar que la compensación no supere el 70% de dicho incremento.

MÁS FLEXIBILIDAD PARA LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

El nuevo marco introduce ajustes en las normas de ayudas existentes para permitir mayor apoyo a las industrias intensivas en energía. Se incrementa del 50% al 70% la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores.

Estas medidas podrán cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias, sin requerir compromisos adicionales de descarbonización durante la vigencia del instrumento, con el fin de aliviar la presión a corto plazo. La normativa también permitirá que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de ayudas con compensaciones por los costes indirectos del régimen europeo de derechos de emisión.

Ribera enfatizó que «buscamos el equilibrio entre el apoyo a corto plazo y la transformación a largo plazo», asegurando que estas medidas están diseñadas para ayudar a la industria a «superar el impacto inmediato» sin desviar la trayectoria de descarbonización.

RIESGO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS CADENAS DE SUMINISTRO

La Comisión explica que la iniciativa responde a la escalada de precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde febrero, que ha elevado el costo del petróleo, el gas y los fertilizantes, generando una fuerte volatilidad en los mercados.

Los precios del gas han aumentado cerca de un 85% y los del petróleo más de un 50% en las primeras semanas de esta crisis, afectando directamente a la electricidad y a sectores con alta dependencia energética. Este encarecimiento, combinado con disrupciones en las cadenas de suministro, está poniendo en riesgo la rentabilidad de sectores como el transporte y la pesca, donde el gasto en carburante es relevante.

En el transporte por carretera, los márgenes suelen situarse entre el 2% y el 3%; sin embargo, la subida del precio del diésel puede incrementar los gastos operativos en más de un 7%, llevando muchas empresas a la pérdida. En la pesca, el precio del carburante ya supera el umbral de rentabilidad de gran parte de la flota europea, lo que podría traducirse en la paralización de actividades si se mantienen los niveles actuales.

TRAMITACIÓN EN CUESTIÓN DE SEMANAS

Las ayudas deberán ser notificadas a la Comisión para su aprobación, en un proceso que puede extenderse hasta dos meses una vez presentada la información completa. Sin embargo, Bruselas espera poder «agilizar» la tramitación, como en crisis anteriores, y dar luz verde en cuestión de semanas.

Una vez autorizados los programas, serán los Estados miembros los encargados de implementarlos a través de esquemas nacionales, sin necesidad de notificación individual por cada empresa. Además, se gestionará la selección de beneficiarios y el desembolso de los fondos.

El marco contempla la posibilidad de conceder anticipos, con la obligación de verificar posteriormente el cumplimiento de las condiciones y, en caso necesario, recuperar los importes indebidos. La Comisión subraya que estas medidas son temporales y complementarias a las reglas habituales de ayudas de Estado, insistiendo en que la transición energética es la solución estructural para reducir la vulnerabilidad de la economía europea ante crisis externas.

«La respuesta estructural pasa por reflexionar sobre cómo podemos acelerar la seguridad energética mediante una transición rápida hacia soluciones propias, limpias y asequibles», concluyó Ribera.